Al revisar las recientes declaraciones gubernamentales acerca de la protección de los bosques, pensaríamos, justificadamente, que los gobiernos reconocen el cometido fundamental de los pueblos indígenas y locales en conservarlos, así como gestionarlos de manera sostenible.

En noviembre pasado, 141 gobiernos que representan el 91% de las áreas forestales del mundo se comprometieron a empoderar estas comunidades y reconocer los derechos a sus tierras como un componente crucial de los esfuerzos para acabar con la deforestación para el 2030. Apenas tres semanas antes, una iteración nueva de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, originalmente adoptada en 2014 por más de 200 gobiernos, empresas y ONG, reafirmó que las comunidades nativas “son las mejores defensoras y protectoras”, y confirmó el compromiso a reconocer sus derechos.
Asimismo, en febrero de este año, el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático sobre los impactos climáticos destacó de forma contundente el papel central de estas comunidades para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos.

Estos hitos son bienvenidos y necesarios. Los pueblos tradicionales gestionan más de la mitad de los bosques del mundo y las investigaciones al respecto han demostrado reiteradamente que lo hacen mucho mejor que los actores privados o incluso los gobiernos. En los territorios indígenas en Brasil, Bolivia, y Colombia, que cuentan con seguridad de tenencia, la deforestación es dos a tres veces menor que la que ocurre fuera de estos territorios.

Es más, una investigación que publicamos este jueves revela que los espacios verdes gestionados por estos pueblos no solo son mejor conservados, sino que también absorben cantidades enormes de carbono de la atmósfera. Solamente en los cuatro países que analizamos –Brasil, Colombia, México, y Perú– estas áreas capturan casi un millón de toneladas de carbono cada día. De media, absorben más del doble de carbono por hectárea que otras.

En Brasil, Colombia, México, y Perú, las áreas protegidas por indígenas capturan casi un millón de toneladas de carbono cada día, más del doble por hectárea que en otros bosques
Si estas tierras dejaran de cumplir tal función a raíz de ser taladas o degradadas, se crearía un enorme vacío en los esfuerzos para frenar el cambio climático. En Perú, la pérdida de únicamente la mitad de los servicios de captura proporcionados por estas selvas requeriría que el país retirara toda su flota de vehículos de pasajeros para compensar el aumento de las emisiones netas.

Uno no tiene que ser experto en ciencias políticas para entender la imposibilidad de tal escenario.

Lamentablemente, la gran retórica de los gobiernos a nivel internacional afirmando su compromiso para empoderar los pueblos vernáculos a seguir conservando sus bosques no corresponde a la realidad de la política a nivel nacional.

Nuestro análisis revela que ninguno de los cuatro países incluye en sus políticas climáticas objetivos específicos para proteger las tierras de las comunidades originarias. Y, aunque de media existe más reconocimiento jurídico de sus derechos que en otros países del mundo, en la práctica están bajo la amenaza constante de la ganadería, la minería y la tala de árboles, que en gran parte es ilegal y está vinculada a la corrupción y la complicidad entre los gobiernos y los actores ilegales.

La Amazonía está llegando a un punto de inflexión irreversible, lo cual conllevaría impactos catastróficos
Las consecuencias de no respetar estos derechos son desastrosas tanto para los mismos pueblos, quienes frecuentemente se encuentran desplazados y amenazados por actores ilegales, como para la biodiversidad y el clima mundial. La deforestación en Brasil ha alcanzado niveles récord en los últimos años tras la retórica anti indígena del presidente Bolsonaro y la debilitación de las agencias de control ambiental. Y los expertos señalan que la Amazonía está llegando a un punto de inflexión irreversible, lo cual llevaría impactos catastróficos tanto a nivel local como a nivel mundial.

Lo bueno es que, si implementan medidas contundentes para empoderar a los pueblos tradicionales y para respetar sus derechos, los gobiernos pueden no solo evitar la pérdida de la proporción inmensa de los bosques que pertenecen a estas comunidades, sino también contribuir de forma positiva al logro de sus metas climáticas.

134 países, entre ellos Brasil, Colombia, y Perú, ya se han comprometido a reducir las emisiones netas a cero en las próximas décadas, lo cual implica tanto reducir las emisiones como incrementar la captura de carbono para compensar las emisiones que no se puedan eliminar. Pero la mayoría aún no cuenta con planes creíbles para lograr estas metas.

Con el apoyo necesario, los pueblos indígenas y locales podrían jugar un papel clave en los esfuerzos para lograr estas metas ambiciosas y necesarias. Esto implica que tengan plenos derechos legales sobre las tierras que poseen; que se respete su derecho al consentimiento libre, previo e informado; que se tomen medidas para garantizar que los derechos se respeten en la práctica; y que estén activamente capacitados para gestionar las áreas forestales mediante una financiación y un apoyo adecuados.

Si los territorios de estas comunidades ya capturan millones de toneladas de carbono cada día, a pesar de enfrentar amenazas continúas, imaginemos los beneficios que podrían brindar si los protegiéramos de verdad.